Recuperamos y comentamos algunos extractos de esta noticia que ha pasado de puntillas por los noticieros nacionales pero que consideramos de gran importancia y nos da una percepción de porque nos encontramos en la situación actual y desentraña a los responsables, culpables y principal beneficiados de esta.

Mientras la crisis estrangula los bolsillos de los contribuyentes, en el mejor de los casos, las empresas españolas con mayores  beneficios han pisado el acelerador para eludir el pago de impuestos que deberían ir a parar a las arcas públicas del Estado. En 2011, hasta 33 de las 35 sociedades que forman parte del Ibex tenía presencia en paraísos fiscales. Es decir, el 94% de ellas aparecen domiciliadas en países con un régimen tributario extremadamente favorable, sin que sus actividades estén relacionadas con la producción de bienes o servicios en esos territorios, sino con operaciones financieras de sociedades de cartera o sociedades holding.

Es una de las principales conclusiones que arroja la novena edición del estudio ‘La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35′, elaborado por el Observatorio de la RSC.

El Banco Santander es quien encabeza la lista de empresas con mayor número de sociedades en paraísos fiscales (72 en 2011, el doble que en 2009), seguido de ACS (71), BBVA (43), Repsol YPF (43) y FCC (26), que en su mayor parte escogen como destino principal Delaware, en EEUU (115), Holanda (85), Luxemburgo (30), Irlanda (29), Suiza (24) y Hong Kong (23), entre una larga lista.

Aunque es difícil saberlo, se estima que la cantidad de capital eludido por las empresas españolas en paraísos fiscales supera el total del Producto Interior Bruto del estado español. Se trata de una elusión fiscal, es decir, una actividad legal pero que repercute negativamente en la economía nacional, ha denunciado.

El informe revela que 34 consejeros de estas empresas (el 7%) habían tenido anteriormente cargos en la administración pública. La mayor parte se concentraba en 19 de las 35 sociedades. Aunque recuerdo un artículo «no oficial» de hace unos meses que apuntaba a que la cifra ascendía a 50.

Hace poco tratamos lo que se ha llamado la teoría de las puertas giratorias refiriéndonos al paso de políticos en activo a la empresa privada cuando abandonan su cargo y viceversa, una práctica que al final se traduce en una connivencia entre el poder político y la empresa privada.

El informe, pese haber sido revisado y modificado en algunos puntos por las empresas del IBEX, revela que 260 directivos poseen cláusulas de blindaje ubicados en 31 empresas de las 35, que sólo 5 empresas tienen un compromiso expreso con la protección de los derechos laborales, únicamente dos dan información sobre el porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos, la presencia de mujeres en sus consejos de administración no supera el 12% y apenas tres empresas informaron sobre el impacto de su actividad en el medio ambiente de forma cuantificada y valorada, por citar sólo algunos de los 550 indicadores estudiados.

¿Seguiremos culpando de toda nuestra situación exclusivamente a los políticos?

¿Seguiremos rodeando/ocupando/asediando entidades públicas para que nos saquen de esta situación?

¿Cuantos escraches se llevan a cabo a multinacionales, grandes empresas, entidades financieras o mismamente a empresas del grupo Ibex35? ¿Y a sus directivos y consejeros? Porque sí se puede, como nos demuestran en Málaga.

Pues así nos va.