Estados Unidos, Alemania, Canadá, Israel y el Reino Unido participantes en la «Operación Jericó»
Una vez más, la administración Obama trata de cambiar por la fuerza un régimen que se resiste a sus designios. El 12 de febrero de 2015, un avión propiedad de Academi (ex Blackwater) disfrazado con las insignias de las fuerzas armadas de Venezuela debía bombardear el palacio presidencial de Caracas para eliminar físicamente al presidente Nicolás Maduro. Los conspiradores tenían previsto poner en el poder a la ex diputada María Corina Machado y hacerla aclamar de inmediato por varios ex presidentes latinoamericanos.
Red Voltarire | 23 Feb. 2015 | por Thierry Meyssan
El presidente Obama con su consejero para Latinoamérica, Ricardo Zúñiga. Al fondo, la consejera de Seguridad Nacional, Susan Rice. © White House
El presidente Obama había emitido un claro aviso. Lo puso por escrito en su nueva doctrina de defensa (National Security Strategy): «Estamos del lado de los ciudadanos cuyo pleno ejercicio de la democracia está en peligro, como los venezolanos». Siendo Venezuela, desde la adopción de la Constitución de 1999, uno de los Estados más democráticos del mundo, esa frase presagiaba lo peor en materia de intentos destinados a impedir su marcha por el camino de la independencia y la redistribución de la riqueza nacional.
Era el 6 de febrero de 2015. Washington terminaba de planificar el derrocamiento de las instituciones democráticas de Venezuela. El golpe de Estado estaba planificado para el 12 de febrero.
La «Operación Jericó» contaba con la supervisión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), bajo la responsabilidad de Ricardo Zúñiga. Este «diplomático» es el nieto de otro Ricardo Zúñiga, el presidente del Partido Nacional de Honduras que organizó los golpes militares de 1963 y de 1972 a favor del general López Arellano. El Ricardo Zúñiga que ahora trabaja en la Casa Blanca dirigió desde 2009 hasta 2011 la estación de la CIA en La Habana, donde reclutó agentes y los financió para fabricar una oposición contra Fidel Castro a la vez que negociaba la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, finalmente anunciada en 2014.
Como siempre en ese tipo de operaciones, Washington se esfuerza por no parecer implicado en los acontecimientos que sin embargo dirige. La CIA organiza y dirige a los golpistas a través de organizaciones supuestamente no gubernamentales: la NED (National Endowment for Democracy) y sus dos tentáculos de derecha, el International Republican Institute (IRI) y de izquierda, el National Democratic Institute (NDI); la Freedom House y el International Center for Non-Profit Law.
Además, Estados Unidos siempre recurre a sus aliados utilizándolos como contratistas en ciertos aspectos del putsch. Esta vez participaron al menos Alemania –a cargo de la protección de los ciudadanos de los países de la OTAN durante el golpe–, Canadá –a cargo del control del aeropuerto internacional civil de Caracas–, Israel –encargado de garantizar los asesinatos de varias personalidades chavistas– y el Reino Unido –a cargo de la propaganda de los golpistas. Finalmente, también moviliza sus redes políticas para que reconozcan a los golpistas: en Washington, el senador Marco Rubio; en Chile, el ex presidente Sebastián Piñera; en Colombia, los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana; en México, los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox; en España, el ex presidente del gobierno José María Aznar.
Para justificar el putsch, la Casa Blanca había estimulado grandes empresas venezolanas a retener en sus almacenes enormes cantidades de productos de primera necesidad. La no distribución de esos productos tenía como objetivo provocar grandes colas ante los comercios y el estallido de motines estimulados por la acción de provocadores infiltrados entre los consumidores descontentos. La maniobra fracasó ya que, a pesar de la escasez artificialmente provocada durante enero y febrero y de las colas ante las tiendas, los venezolanos nunca llegaron a atacar los comercios.
Para reforzar el sabotaje económico, el presidente Obama había firmado, el 18 de diciembre de 2014, una ley que impone sanciones contra Venezuela y contra varios de sus dirigentes. Oficialmente, Washington decía querer sancionar a las personalidades responsables de la represión contra manifestaciones estudiantiles. En realidad, desde el inicio del año, Washington estaba pagando un salario -4 veces superior al ingreso medio de los venezolanos– a los miembros de pandillas que se dedicaban a agredir a las fuerzas del orden. Estos falsos estudiantes asesinaron a 43 personas en varios meses y sembraban el terror en las calles de Caracas.
El ex número 2 de la ISAF en Afganistán, general Thomas W. Geary, actualmente al mando de la inteligencia del SouthCom.
La acción militar estaba bajo la supervisión del general Thomas W. Geary, desde la sede del SouthCom en Miami, y de Rebecca Chavez, desde el Pentágono. Como subcontratista de la parte militar del golpe aparecen el ejército privado Academi (ex Blackwater); una firma actualmente administrada por el almirante Bobby R. Inman (ex jefe de la NSA) y John Ashcroft (ex secretario de Justicia de la administración Bush). Seguir leyendo
Información por la Verdad 