Para los que estáis fuera, la operación araña es un dispositivo policial de criminalización de la protesta y control de Redes Sociales, que lleva cuatro fases desde su inicio, por los que se está intentando condenar a una gran cantidad de jóvenes, en su mayoría, por supuestos enaltecimientos de terrorismo vertidas en sus perfiles de las redes sociales.

 

Una fotografía general de todo ello señala serias dudas sobre la proporcionalidad y el rigor de las actuaciones policiales y judiciales.

La Haine | 11 May. 2016 | Quique Badia / VICE

Las hemerotecas de los medios españoles han ido repletas, estos dos últimos años, de informaciones sobre detenciones de usuarios de redes sociales en la llamada Operación Araña, por una supuesta comisión de delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

La suma de todas y cada una de las cuatro fases de este operativo, la primera de las cuales fue en abril de 2014, se ha saldado con más de medio centenar de arrestos, los últimos este pasado abril. El grueso de la información difundida hacía referencia a los operativos policiales, pero se ha hablado poco, muy poco, de cómo se ha desarrollado el proceso judicial.

Y una fotografía general de todo ello señala serias dudas sobre la proporcionalidad y el rigor de las actuaciones policiales y judiciales.

Para empezar, no se puede dar una cifra exacta de procesados ya que a cada uno de los detenidos se los juzga de forma individual, según fuentes de la Audiencia Nacional (AN) consultadas por VICE News, el órgano judicial competente para juzgar este tipo de delitos,

La práctica totalidad de los arrestados no se conoce entre ellos, ni existe una organización detrás que justifique enmarcar las detenciones en un operativo conjunto, como ya señalaron en 2014 académicos del ámbito del Derecho al medio crítico Diagonal. Al rapero Pablo Hasél, por ejemplo, lo detuvieron solo, en 2011, bajo cargos parecidos.

“Lo venden como si se desarticulara una red organizada de gente que crea tendencias de opinión, pero no, esto es una cuestión individual en la que ninguno tiene que ver con el otro”, afirma a VICE News César Strawberry, cantante de la banda de rap-metal Def Con Dos y uno de los detenidos en la tercera fase de Araña, a pocos días de las elecciones municipales de mayo de 2015.

Strawberry, cuyo caso fue archivado en primera instancia el pasado junio, pero que está a la espera de juicio después de que el fiscal recorriera la resolución, recuerda que cuando su abogada pidió el atestado, la Guardia Civil, el cuerpo que practicó la detención, afirmó que este no existía. Esto se debería al hecho de que no hay una organización que ampare su actividad en redes sociales y a que se trata de casos particulares. El instituto armado confirma este extremo.

“Lo que intentamos es llevarnos por delante al mayor número de gente”, explican a VICE News fuentes de este cuerpo policial en relación a esta operación coordinada contra personas que, en cualquier caso, de haberlos cometido habrían cometido delitos independientes entre sí. Es una forma, según ellos, de evitar que alguien borre los mensajes que le incriminan. Algo que no cuadra con el hecho de que la operación se haya desarrollado por fases.

Rubén González salía de su casa en la ciudad gallega de Vigo el pasado 13 de abril y, transcurridos 100 metros, un agente de la benemérita lo paraba. Dos más se abalanzaron sobre él por detrás y se identificaban como policías. Los tres iban encapuchados. Mantuvieron el rostro cubierto desde que le detuvieron hasta que lo soltaron a los dos de la tarde, de acuerdo con el testimonio del joven.

Como a Arkaitz Terrón, a quién entrevistamos la semana pasada, a Rubén le requisaron el móvil, aunque asegura que él no utilizaba Twitter desde ese dispositivo. No sabe de qué se le acusa ni qué juzgado lleva su caso. El abogado de Terrón, Carlos Hurtado, lleva junto a un compañero tres casos en tres juzgados diferentes de la Audiencia Nacional, y sólo en Cataluña.

“No me enviaron los tuits todavía ni nada. Yo no tengo información ninguna de la causa. Tampoco me han llamado a declarar”, sostiene González, y añade que un Guardia Civil llegó a decirle que esta detención era un “paripé”.

Rubén lo tiene claro: “La operación es una treta del Estado para intentar criminalizar a los chavales que son solidarios con los presos y amedrentar a la población”.

Arkaitz sí declaró el pasado viernes, y él y su abogado percibieron irregularidades en el proceso.

El joven afincado en Barcelona tenía hora para declarar vía vídeoconferencia a las 9:30 de la mañana del pasado viernes. Empezó con unos 10 minutos de retraso, y tras casi 25 minutos de charla, ante una estupefacción que él vio también en las funcionarias, recibieron la interlocutoria a las 10 y 7 minutos.

En menos de 5 minutos la jueza tuvo tiempo de analizar y estudiar su declaración para afirmar que su testimonio no cuestionaba lo esencial de la causa, y de redactar tres páginas y media de texto y enviarlas vía fax a Barcelona. Carlos Hurtado, el abogado de Arkaitz, cree que del contenido de la resolución emitida por la magistrada se desprende que no dedicó “ni un solo minuto” a valorarla.

“Si lees atentamente la declaración todo lo que dice es que cayó en contradicciones, pero no habla en detalle de ninguna cosa que se haya dicho en la declaración de Arkaitz. Y con el tiempo que tardan en tomarle declaración ya queda claro que ya la tenían hecha de antemano”, opina Hurtado.

En estos dos documentos se aprecia el lapso de tiempo transcurrido entre el inicio de la declaración (9:30) y la emisión de la interlocutoria (10:07). Teniendo en cuenta el retraso y que la declaración duró unos 24 minutos, los documentos avalan la tesis de Terrón y Hurtado.

Y lo que para él es más grave: el edicto judicial no se refiere a los tuits, sino a los comentarios que los acompañan escritos por la benemérita. Sigue leyendo