El caso Pitiusa es la trama de criminal más importante organizada en Europa desde los tiempos de los GAL. Sólo Gladio es comparable.

Movimiento Político de Resistencia | 24 Febrero 2016 | Juan Manuel Olarieta

En mayo de 2012 se destapó una red de espionaje, el caso Pitiusa, que manejaba un ingente volumen de información sobre los ciudadanos de este país. Policía, Guardia Civil, Ejército, Servicios Secretos y empresas privadas aparecen confabulados en una trama, la mayor conocida hasta la fecha, que no va dirigida contra ningún país extranjero, ni tiene tampoco objetivos militares.

La conexión del CNI con este entramado es obvia. El imputado clave de la trama es Matías Bevilacqua-Brechbuhler, que trabaja para el CNI, según ha confirmado a la policía el propio servicio de espionaje. De origen argentino, Bevilacqua empezó su carrera como pirata informático y en Barcelona organizó la empresa CF Labs por cuenta del CNI. Fue director técnico de la plataforma esCERT, encargada de coordinar el Proyecto Europeo EISPP, financiado con fondos comunitarios.

CF Labs participa en el Laboratorio de Protección Cibernética de Infraestructuras Críticas, una de las empresas adjudicatarias del Centro Nacional de Excelencia de Ciberseguridad. No es más que una subcontrata del Ministerio del Interior. La Comisión Europea adjudicó el proyecto a dicho Ministerio, al Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad (ICFS) y a varias empresas privadas asociadas al mismo.

El Centro Nacional de CiberSeguridad es el primer centro de espionaje informático español creado tras el Programa de Infraestructuras Críticas (PEPIC) aprobado por la Unión Europea con el objetivo de “proteger la seguridad nacional del ciberterrorismo y el espionaje industrial”, una necesidad creciente como consecuencia de la rivalidad entre las grandes potencias imperialistas y entre las grandes multinacionales. Tiene su sede en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid donde reside el ICFS y está dotado con una subvención de más de 700.000 euros concedidos por la Comisión Europea.

Durante su detención a Bevilacqua le fueron intervenidos 140.000 euros en metálico, que justificó a la policía diciendo que era el pago de unos trabajos realizados para el CNI, si bien la policía maquilló su declaración, reemplazando las siglas del espionaje por “Defensa”. Su caso es parecido al de Hellín, otro asesor de los aparatos represivos del Estado.

Impartía numerosos cursos de formación a jueces, fiscales y miembros de la policía y la guardia civil. Bevilacqua fue quien capturó los correos electrónicos de Urdangarin, que fueron luego difundidos por Diego Torres, su antiguo socio en Noos. El abogado de Urdangarin pagó 7.000 euros a CF Labs para recuperar los correos electrónicos del disco duro de la agencia que llevaba las cuentas del Instituto Noos.

El pirata era omnipresente. También trabajaba para dos de los detectives implicados en la trama Pitiusa, Sara Dionisio y Juan Manuel Olivera. Este último era propietario de Vertex, la empresa que espió a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal. Ambos habían coincidido en la empresa Cybex con Bevilacqua antes de que éste fundara CF Labs.

El administrador de Cybex es el detective Juan de la Torre, de la agencia Intelligence Bureau y en ella trabajaba también Sergio Córcoles, policía local de Santa María de Palautordera, que era propietario de un apartamento en un complejo de cala Portinatx, en la costa ibicenca. Nadie se preocupó nunca por la fuente de ingresos de aquel modesto policía municipal que disfrutaba de tan lujoso chalet.

Tradicionalmente Baleares ha sido el núcleo de operaciones de espionaje. En este caso el jefe del CNI en las islas ha tenido que prestar declaración en la causa. El CNI puso a Bevilacqua a trabajar para el gobierno de Chávez en materia de seguridad informática, aunque la prensa escribió la noticia al revés: “El imputado Matías Bevilacqua ha asesorado en materia de seguridad informática al Gobierno de Hugo Chávez”, titulaba el ABC el 31 de julio del pasado año.

Las multinacionales son una de los nichos de información y de negocio del espionaje moderno. Yolanda Menal, directora de recursos humanos de la multinacional Unilever en España, ordenó a Bevilacqua espiar tanto a proveedores como a empresas de la competencia. Pero además controló el correo electrónico de sus propios subordinados sin que se enterasen para afianzar su propio poder y utilizaba los datos para despedir a los trabajadores. En otras ocasiones Unilever los utilizaba para el chantaje. A través de las conversaciones telefónicas intervenidas se demuestra que ofrecían a los trabajadores permisos retribuidos como salida menos mala y, ante notario, le revisan su ordenador para dar así cobertura legal a las informaciones que habían extraído previamente del ordenador de forma ilegal.

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