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Un vergonzoso vídeo que supone un retrato de la realidad a la que se ven abocadas decenas de familias cada día en el régimen español, donde sus Fuerzas de Seguridad del Estado no escatiman en efectivos,  medios materiales o maquinaria pesada para dejar en la calle a familias enteras, poniéndose al servicio de los intereses especulativos de una constructora cuyo propietario está acusado por la justicia de fraude, cohecho, trafico de influencias y financiación ilegal de partidos.

“A pesar de que el gobierno local es el responsable de la expropiación, la parcela está catalogada como una zona residencial privada por lo que los beneficios se los llevará la empresa a la que se le ha adjudicado el terrenos: Ortiz Construcciones y Promociones S.A. Esta empresa es propiedad de Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal por fraude, cohecho y trafico de influencias. También está imputado en la rama valenciana de la trama Gürtel por financiación ilegal al PP. Según la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en 2008 donó 300.000 euros al PP en concepto de gastos electorales.”

Fuente: La Marea. Agosto 2013

El periodista que grabó el vídeo, Jaime Alekos, fue detenido junto a otros activistas que trataron de impedir la demolición y ha sido puesto en libertad con cargos.

El propietario del terreno donde se levantaba la vivienda, polla insaciable cómo él mismo se denomina, obtuvo unos beneficios de 86 millones de euros en una operación especulativa a finales del año pasado, está expandiendo su empresa internacionalmente y parece estar interesado en financiar un nuevo partido político de cara a las próximas municipales.

 

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Cómo ganar dinero desahuciando bebés de viviendas públicas

Otro bochornoso ejemplo nos mostró el mismo activista y comprometido periodista gráfico, Jaime Alekos, hace poco en nuestro barrio donde se puso de patitas en la calle a una familia de “esas que no se tenían por que preocupar” qué “sólo cambiarían de casero”. ¿Recuerdan?

En la mañana del viernes 23 de enero de 2015, un dispositivo de unos cincuenta policías antidisturbios ejecutó el desahucio de Wilson Ruilova y Cecilia Paredes, de 35 y 43 años, y sus tres hijos, de 16 y 7 años y mes y medio de edad. Más información en http://periodismohumano.com/economia/…
Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) entraron a la vivienda golpeando la puerta con un ariete, sin que los activistas Stop Desahucios, que habían formado una barricada detrás la puerta, pudieran impedirlo.

La vivienda, sita en el número 68 de la Avenida de las Suertes del barrio de Vallecas de Madrid, fué adjudicada a la familia cuando era de protección oficial por el Ayuntamiento de Madrid en 2009 a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

La EMVS, para reducir su deuda, que ascendía a 630 millones, vendió 1.860 viviendas públicas por 128,5 millones, con sus inquilinos dentro, a Fidere, filial en España del fondo buitre de inversión estadounidense Blackstone, entre ellas la de Wilson y su familia.

El modus operandi de los fondos buitre consiste en comprar, a precio muy bajo, deuda pública de entidades cercanas a la quiebra, para después intentar cobrar la totalidad de su valor.

Wilson, electricista en paro, y Cecilia, cuidadora también en el paro, y sus hijos viven con unos ingresos mensuales de 391€ al mes procedentes de un subsidio del Estado con los que no pueden hacer frente al alquiler, que de 480€ ha subido hasta 700€.

Intentaron negociar con Fidere un alquiler al que pudieran hacer frente, sin éxito.

 

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